UBCH TV.
EL NUEVO SIGLO
UBCH TV. 11-06-2020. El Covid-19 paralizó el mundo, a la vez
que ha generado una catástrofe sanitaria, económica y social. El mundo nunca
volverá a ser como antes y la democracia puede ser una víctima más. Casi
400.000 muertos y más de seis millones de contagiados muestran la magnitud de
la tragedia global que no tiene punto final a la vista. Mientras los sistemas
de salud resisten el embate del virus, la economía busca reactivarse, colapsan
los sistemas de protección social y se libra una competencia ilimitada por
hallar la vacuna que ponga punto final a la noche más oscura de la humanidad en
los últimos cien años.
Todo ello al tiempo que la democracia, en varios países de
América Latina, sufre el ataque viral de otra poderosa epidemia: la corrupción,
una reconocida enemiga, que hoy pareciera más mortal que ayer, dado el
desmoronamiento del aparato productivo y la vulnerabilidad de los sectores
populares, que son la mayoría de la población. La crisis generada por el
coronavirus ha evidenciado las fragilidades del modelo económico y la patología
de un sector de la clase política que ve en la emergencia una oportunidad para
enriquecerse a costa de las necesidades de los más pobres, que reclaman la
atención y la solidaridad del Estado, para sobrevivir. En el tercer mundo, no
es verdad que golpea igual a ricos y pobres, porque la desigualdad, la
exclusión y la pobreza hacen mucho más complejo lidiar con la pandemia. Ya saca
las orejas el monstruo de un gran retroceso que nos devolverá décadas atrás en
conquistas sociales.
La corrupción lleva siglos entre nosotros y se ha vuelto una
enfermedad endémica. A pesar de los estudios enciclopédicos sobre transparencia
que cada cuanto se producen, por universidades, centros de pensamiento,
gobiernos y agencias multilaterales, no existe una fórmula mágica para
acabarla, ni una vacuna que inmunice a las sociedades contra su existencia. Es
un enemigo mortal, a veces invisible, capaz de mutar y regenerarse, en el
ámbito de lo público y lo privado, porque no se trata de una enfermedad
exclusiva de los servidores del Estado, sino que también afecta a las pequeñas
y grandes compañías. Hoy, frente a la escasez de recursos económicos, será más
letal que nunca y debe combatirse con más rigor que nunca.
La corrupción es un monstruo de mil cabezas que no para de
reproducirse y frente a la cual no existe inmunidad total en ningún país del
planeta. Son miles de millones de euros los que se van por el sifón de aguas
negras de la corrupción. Dinero de la salud, la alimentación escolar y ayudas
humanitarias, principalmente, que terminan en los bolsillos de unos pocos.
Cifras astronómicas en países marcados por la pobreza. Un virus que mata a los
más débiles y condena a la miseria, la violencia y el olvido a millones de
ciudadanos.
La pandemia de la corrupción asfixia la democracia y
estimula el empoderamiento de la tentación populista y autoritaria. El manejo
de la crisis, generado por el Covid-19 ha revelado con nitidez la fragilidad
del sistema político y de su gobernabilidad. La declaratoria de los estados de
emergencia le ha permitido a los poderes ejecutivos legislar a plenitud sobre
aspectos fundamentales -al margen de los legislativos-, buscando la
reactivación económica y la garantía de la vida de los ciudadanos. Pero esas
facultades deben tener un límite. En nuestros países se ha autorizado a
alcaldes, gobernadores e intendentes a contratar de manera directa gran parte
de su presupuesto para enfrentar la amenaza sanitaria y paliar los efectos
sociales de la crisis. Esto desató una ola de corrupción en los territorios que
reveló la voracidad de quienes han pretendido enriquecerse con la salud y el
hambre de los más vulnerables. También ha elevado el clamor de la opinión por
una acción contundente del aparato de justicia para defender unos recursos
ahora más sagrados que nunca.
Para combatir el delito en tiempos de Covid-19, las
entidades autónomas de control en Colombia -Procuraduría, Fiscalía y
Contraloría- hemos constituido un frente común para impartir justicia y
castigar a los responsables. Es tiempo de unidad y de un frente común de la
institucionalidad contra ese flagelo. En esa tarea han sido fundamentales las
veedurías ciudadanas y las denuncias de los medios de comunicación, que han
revelado casos aberrantes de corrupción en la contratación pública. La
Procuraduría, que no ha estado confinada y actúa en los territorios, ha hallado
casos protuberantes de sobrecostos y violación de los principios de
contratación. El Ministerio Público adelanta, por ello, más de 500 procesos
disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 de las 32 gobernaciones del
país y 272 de las más de 1.000 alcaldías en el marco de la emergencia
sanitaria.
En momentos en que todo está cambiando, se sacuden las
estructuras del antiguo régimen y surgen nuevas prioridades, es imperativo
romper la muralla de impunidad que ha protegido por años a los corruptos, que
se amparan en las fallas de la justicia, una cultura de ilegalidad y la
permisividad social. Si algo tiene que surgir de la pandemia es una sociedad
menos tolerante con los corruptos. Es la manera de fortalecer la democracia y
aislar el abuso del poder, instrumento natural de la falta de transparencia.
Una sociedad más fuerte, vigilante y empoderada estará inmunizada contra la
acción de los inescrupulosos. También una institucionalidad más efectiva en la
investigación y sanción de los delincuentes garantizará que la sociedad
desarrolle los anticuerpos para vencer la amenaza. Esa es la epidemiología de
la corrupción.
Esa otra pandemia no la puede vencer un solo individuo. Es
la sociedad unida, vigilante, haciendo uso de modernas herramientas de big data
e inteligencia artificial, la que le quitará el oxígeno a los bandidos. El
Covid-19 nos obliga a pensar en un nuevo contrato social que interprete las
nuevas realidades nacionales y mundiales. En el mundo que surja de la pandemia
habrá que crear una nueva democracia más sólida y una sociedad más
transparente, que venza el pesimismo y ejerza un distanciamiento total con la
corrupción, a la vez que le dé cero espacios para que se multiplique. Si no se
vence ese enemigo, la democracia estará en peligro y ello requiere un liderazgo
que tenga claro que hay que extinguirle los bienes a los corruptos y
decretarles la muerte política. Para ellos, no puede haber respiradores
artificiales porque quien terminará en la UCI será el Estado de derecho. Los
liderazgos del futuro de América Latina deberán edificarse sobre un sistema
inmune de instituciones públicas sólidas capaces de generar grandes acuerdos
nacionales, lejos de los autoritarismos y populismos de izquierda o de derecha.
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