"Quieren instalar un programa político y económico a medida": el trasfondo de la batalla judicial contra Lula, Kirchner y Correa

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El director del documental 'Lawfare in the backyard: la guerra judicial en Latinoamérica', explica de qué se trata el aparente entramado contra dirigentes de centroizquierda en la región.

"Quieren instalar un programa político y económico a medida": el trasfondo de la batalla judicial contra Lula, Kirchner y Correa

El concepto de 'lawfare' tiene diversas interpretaciones en distintas partes del mundo, pero suele entenderse como un mal uso de la Justicia con fines políticos y económicos. Proviene de las palabras 'law' (ley) y 'warfare' (guerra), por eso también se habla de batalla judicial.

Uno de sus grandes teóricos fue el general mayor retirado de la Fuerza Aérea de EE.UU., Charlie Dunlap, quien hoy se desempeña como docente de Derecho en la Universidad de Duke, en el estado de Carolina del Norte. "La guerra jurídica se entiende como el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional", señaló. Aquella definición fue publicada por la revista profesional de la Armada estadounidense, Military Review, en 2017.

En América Latina, el término se asimila como una estrategia regional para atacar, denostar, deslegitimar, encarcelar y hasta impedir candidaturas presidenciales de populares dirigentes de centro izquierda desde los tribunales. La batalla continental del siglo XXI la protagonizan abogados, jueces y fiscales.

Dar vuelta un continente

Los casos de Ecuador, Argentina y Brasil son paradigmáticos, pero también reveladores. En esos tres países los expresidentes Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva recibieron denuncias, polémicos procesos judiciales sin garantías ni pruebas concluyentes y órdenes de prisión preventiva (para Correa, refugiado en Bélgica, y Fernández de Kirchner, con inmunidad parlamentaria por ser senadora nacional). Todo ello sumado al encarcelamiento efectivo de Lula, situación que le impidió postularse a la Presidencia en 2018, cuando era el candidato más popular del 'Gigante de Sudamérica'.

Recientemente, lo que comenzó siendo un manto de sospechas regional, con infinidad de coincidencias entre los países mencionados, pero que solo podía ser entendido por letrados y académicos especializados en la materia, se empezó a demostrar para el resto de la sociedad. En las últimas semanas, el portal The Intercept Brasil  filtró conversaciones entre el entonces juez Sergio Moro, quien privó de la libertad al político, y el fiscal Deltan Dallagnol, encargado de llevar adelante la acusación contra Lula por la llamada operación 'Lava Jato' (Lavado de Autos). En esos mensajes se hablaba sobre la mejor forma de desarrollar el caso contra el máximo referente del Partido de los Trabajadores (PT).

En Brasil, como en la mayoría de los países democráticos, el magistrado está obligado a ser imparcial. No debe coordinar ni asesorar a la parte acusatoria, y el motivo es obvio: tiene que impartir justicia basado en evidencias concretas, y no en motivaciones personales, ideológicas o conspirativas. "Moro estaba decidido a condenarme incluso antes de recibir la denuncia de los fiscales", expresó Lula al respecto. ¿El resultado final? Bolsonaro presidente. Moro ministro de Justicia. No obstante, la obscenidad de aquella jugada ya se está destapando.  

Más allá de estas irregularidades, todavía falta demostrar otra pata fundamental de la teoría del 'lawfare': que Washington estaría detrás de toda la maniobra regional. Sin embargo, en los últimos años aparecieron algunos indicios y muchos afirman esta hipótesis. Leandro Carvalho, director del documental 'Lawfare in the backyard: la guerra judicial en Latinoamérica', es uno de los que sostienen aquella idea y concede una entrevista a RT para explicar su punto de vista sobre el aparente entramado judicial que ayudó a la consolidación de la derecha, en el territorio que EE.UU. considera como su patio trasero.

RT: ¿Se trata de una teoría conspirativa contra EE.UU.?

L.C.: Hay que remitirse a las pruebas concretas, declaraciones de los representantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses y el poder político de la Casa Blanca. Desde que llegó Donald Trump al poder, está planteando la doctrina Monroe de nuevo, que ya estaba enterrada. Entiende que todo Occidente les pertenece, y esto lo dicen explícitamente los voceros oficiales en todos los medios.

Está claro que hay un escenario de multipolaridad política y económica muy importante. EE.UU. dejó mucho territorio en Latinoamérica en los últimos 20 años. Del "no al ALCA" para acá, no pararon de perder terreno. Las teorías conspirativas están basadas generalmente en cuestiones que no tienen materialidad, que no se pueden probar, pero esto es algo absolutamente concreto. 

RT: ¿Se puede demostrar la presunta implicación de la Casa Blanca en las acusaciones contra políticos latinoamericanos?

L.C.: En Argentina tenemos un embajador estadounidense que se llama Edward Prado, fue juez en Texas. Un señor de ultraderecha. Estuvo viniendo al país durante mucho tiempo para dar talleres y charlas sobre cómo los jueces y fiscales tienen que manejarse, trabajando para que la gente crea en la Justicia, dice él. De hecho, cuando Trump lo nombró embajador, fue al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. y expuso esto mismo. En el rol de diplomático, dijo que va a trabajar con jueces argentinos para decirles cómo hacer las cosas mejor.

Esto es una prueba clarísima a nivel internacional, que no hace falta ni explicar. Un embajador no puede tener injerencia en otro país, trabajando con jueces y fiscales locales, y mucho menos decirlo abiertamente en el Congreso. Es una barbaridad.

RT: Recordemos que según una serie de cables revelados por WikiLeaks, el fallecido fiscal Alberto Nisman, a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA de Buenos Aires en 1994, coordinaba su labor judicial con EE.UU. Además, antes de morir denunció a Fernández de Kirchner por encubrimiento del ataque terrorista que mató a 85 personas, lo que derivó en un pedido de prisión preventiva contra la expresidenta por parte del juez Claudio Bonadío.

L.C.: ¡Exacto! Sumado al reciente escándalo del fiscal Carlos Stornelli y Marcelo D'Alessio, quien se presentaba como un agente de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. [ambos son investigados por haber conformado una supuesta red ilegal de espionaje y extorsión para modificar testimonios judiciales y redireccionar causas, perjudicando también al kirchnerismo].

RT: El juez federal que investiga esta red, Alejo Ramos Padilla, ya advirtió que esta información podría perjudicar las relaciones de Argentina con EE.UU. ¿Cómo caracterizás esta batalla judicial?

L.C.: Es el Poder Judicial atacando al poder ciudadano, con la articulación de diferentes focos, como el mediático y el Ejecutivo. Por eso los golpes blandos, o parlamentarios, son distinguibles. En el caso de Brasil, la destitución de Dilma Rousseff fue previa al 'lawfare'. Y los medios potencian todo esto. Pero el concepto de 'lawfare' tiene como 70 años, no es ninguna novedad.

RT: ¿Cuál es el interés o el trasfondo de instaurar este posible sistema judicial que perjudica a los referentes de las clases populares en América Latina?

L.C.: El punto de partida, y el objetivo final, es la instalación de un programa político y económico a medida de los sectores de poder concentrado financiero. Quizás es lo que menos claro se vea para el ciudadano común. Los nombres propios, son anecdóticos, como Correa, Glas, Lula, Kirchner, y todos los sectores opositores.

Nosotros no planteamos poner a nadie fuera de la ley, al contrario. Pero decimos que se está persiguiendo políticamente, encarcelando ilegítimamente y vulnerando el estado de derecho, producto de una necesidad de controlar el mercado latinoamericano.

RT: ¿Por qué decidieron hacer la película?

L.C.: Es un documental en tiempo real, sobre la coyuntura, mientras el fenómeno se iba instalando en la región. Creímos que el 'lawfare' era un tema central a futuro, es un elemento de las guerras no convencionales o híbridas.

La situación local también fue importante. Milagro Sala en Argentina estuvo años presa sin respeto al debido proceso ni la presunción de inocencia. Más allá de lo que se pueda probar o no, pero antes de eso estuvo presa. Se abusa de la prisión preventiva. Está a la vista.

RT: ¿Cómo impacta su proyecto en la gente? ¿Lograron cambiar la visión de alguien o solo es visto por propios?

L.C.: Recién llevamos pocas proyecciones, pero estamos intentando atravesar la grieta, para llegar a otras personas y romper con la monopolización mediática.