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UBCH TV.
AVN.
UBCH TV. 03-08-2019. Con argumentos de supuesta "expropiación" de la
minera Crystallex, que vendió sus derechos legales a un fondo de capital de
riesgo, la ultraderecha venezolana aliada a factores transnacionales urde una
compleja trama criminal para adueñarse ilegalmente de Citgo, denuncia el blog
de análisis La Tabla.
La rescisión en 2011 del contrato de explotación de la mina
Las Cristinas, al sur de Venezuela, por parte de la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG), fue calificada por Crystallex como una "expropiación",
dando paso a un largo conflicto judicial de la transnacional y que tuvo eco en
los medios dominados por las grandes corporaciones.
Sobre la base de acciones judiciales ante tribunales
estadounidenses se tramó una operación que ahora pretende ser validada a través
del "gobierno interino" conformado por miembros del partido de
ultraderecha Voluntad Popular (VP), en coordinación con el gobierno de EEUU
para lograr, de manera ilegal y a todas luces con visos de robo criminal, el
embargo de $1.400 millones a Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Estamos ante una compleja modalidad de crimen corporativo
transnacional que utiliza figuras propias de la institucionalidad democrática,
totalmente ilegales pero "teñidas" de una cubierta de
"legalidad", como por ejemplo el empleo de un supuesto
"procurador general de la República", nombrado por una Asamblea
Nacional en desacato, a través de un acto írrito y que acciona en nombre de un
Gobierno Interino ficticio ante tribunales en el exterior, en sintonía con los
intereses de las grandes corporaciones transnacionales que a través del lobby
ejercen presión y control sobre dichas instancias.
Además, el entramado de corrupción internacional del grupo
político cercano al "autoproclamado" diputado Juan Guaidó, en esta
nueva etapa de su escalada criminal, comete claramente un fraude continuo al
valerse de una empresa inexistente para lograr el embargo de los activos de una
compañía venezolana, en este caso Citgo, la cual consideran en su argumentación
como parte del Estado venezolano, un "Otro yo" o "Alter
ego", lo cual es totalmente erróneo e improcedente para casos como éste.
La falsa matriz de "expropiación"
Los conflictos con el Estado venezolano iniciaron en mayo de
2008, cuando fue negado un permiso luego de daños ambientales e incumplimientos
por parte de Crystallex en la mina Las Cristinas, estado Bolívar, señala el
blog de periodismo de investigación La Tabla.
Tres años después, por paralización de actividades, la
Corporación Venezolana de Guayana rescinde el contrato de explotación a
Crystallex y exige la entrega de la mina en 90 días, acción que no constituye
una "expropiación", como hacen ver voceros opositores y medios.
Como consecuencia Crystallex acudió al mecanismo de resolución
de conflictos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (Ciadi) para exigir una compensación, alegando un supuesto
cumplimiento de un plan de inversión por 350 millones de dólares que nunca se
llevó a cabo.
Con una decisión firme por parte del Ciadi en 2016, la
transnacional canadiense se presentó ante un tribunal de distrito en Delaware
(EEUU) para pedir una autorización y proceder al embargo de los activos de
Citgo, señalando erróneamente que la empresa petrolera era parte del Estado
venezolano.
En noviembre de 2018 el Gobierno Bolivariano detuvo la
acción contra Citgo al acordar con Crystallex, en un tribunal de Ontario, un
plan de pagos a partir de 2021, así como la cancelación en ese momento de 425
millones de dólares.
Una empresa inexistente
Sin embargo, las acciones tomaron otro rumbo el 23 de enero
de 2019, con la auto proclamación de Juan Guaidó y su reconocimiento por el
gobierno de EEUU.
La Asamblea Nacional en desacato procedió a designar a José
Ignacio Hernández como Procurador Especial, quien se hizo pasar por funcionario
del Estado venezolano ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de
Filadelfia.
Esta instancia decidió rechazar una apelación de Pdvsa ante
un fallo dictado en agosto de 2018 por el Tribunal de Distrito de Delaware que
permitiría a la minera canadiense Crystallex International Corporation el
embargo de activos de Citgo.
Sin embargo, como señala el sitio web La Tabla, Crystallex
vendió sus derechos legales y el proceso judicial lo adelanta el fondo de
capital de riesgo Tenor Capital -dedicado a impulsar demandas por parte de
empresas transnacionales contra Estados- que compró los documentos por $36
millones para gestionar las acciones legales contra el Estado venezolano, de
modo que obtendría una ganancia de 70% de lo obtenido.
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