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UBCH TV.
AVN.
UBCH TV. 05-08-2019. Alberto Federico Ravell Nolck, hijo del editor venezolano
Alberto Federico Ravell, tuvo a cargo en Conoco Phillips la actuación contra
Venezuela en la que obtuvo una sanción contra Pdvsa por $2.040 millones ante la
Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés), y otro fallo
en 2019 a favor de Conoco Phillips por $8.700 millones ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Este hijo del editor del medio digital de noticias La
Patilla, quien fue nombrado "ministro de información" por el
autoproclamado Juan Guaidó para su gobierno "interino", se alinea con
las acciones emprendidas contra la nación a favor de los intereses
transnacionales, informó este lunes el blog de investigación periodística La
Tabla.
El sitio web reveló que Ravell Nolck es consejero senior
para arbitrajes de Conoco Phillips y consiguió ante tribunales estadounidenses
que la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se vea obligada a
cancelar a la transnacional 11 mil millones de dólares.
Ravell Nolck obtuvo de un tribunal de Houston (EEUU) la
autorización para que se incluyera a Citgo entre los activos a embargar, con el
fin de cobrar las fraudulentas indemnizaciones a favor de Conoco Phillips,
reseña el blog de investigación periodística.
Su accionar se suma al de José Ignacio Hernández,
"procurador" del autoproclamado Guaidó y quien definió a Citgo como
"alter ego y mero instrumento" del Estado venezolano, para allanar el
camino al embargo de la petrolera.
Hernández también fue contratado como experto legal de Owen
Illinois en su demanda en febrero de 2019 a Pdvsa y Citgo ante un tribunal de
Delaware, EEUU, para exigirle el pago de $500 millones acordados en 2015 como
indemnización por la expropiación de sus dos plantas en 2010.
Las querellas de Conoco Phillips comenzaron en 2007 por la
nacionalización de sus participaciones en las asociaciones de la Faja
Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, cuando la transnacional se negó a
migrar al esquema soberano de empresas mixtas (60% de las acciones en manos de
Venezuela y 40% a la empresa extranjera) establecido en las leyes venezolanas.
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