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LA NACION
UBCH TV. 26-01-2020. Los mercados contratados para atender a
las víctimas afectadas por el invierno, nunca llegaron a los destinatarios
finales. Sólo se supo que fueron cancelados y sacados del almacén con rumbo
desconocido. Microcorrupción.
Aunque parezca
increíble, las ayudas humanitarias adquiridas con recursos públicos para
atender a las víctimas del invierno, nunca llegaron a los damnificados.
Los mercados contratados a todo costo, abreviando los
trámites por la declaratoria de urgencia manifiesta, fueron adquiridos y
pagados en tiempo récord, pero jamás llegaron a manos de los pescadores
artesanales de Villavieja ni a los campesinos afectados por la ola invernal.
Lo que sí quedó demostrado fue el ingreso de los alimentos y
su salida. De la entrega nunca se supo.
La alcaldesa Tania Peñafiel, en las postrimerías de su
mandato, declaró la urgencia manifiesta, para contratar con mayor facilidad y ordenó
la compra de mercados. Sin embargo, éstos nunca fueron entregados a los
afectados por el invierno.
Las anomalías fueron denunciadas durante una audiencia de
seguimiento sobre las inversiones ordenadas para atender a los damnificados por
la temporada invernal. Cinco años después se está desenredando la pita.
Urgencia para contratar
La urgencia manifiesta fue declarada por la alcaldesa el 5
de diciembre de 2011, en la recta final de su mandato.
Con un improvisado estudio de mercadeo, decidió contratar
directamente, a todo costo, el
suministro de mercados para las familias afectadas por las fuertes inundaciones
ocurridas en la localidad.
El contrato le fue adjudicado a la empresa Distribuciones
Mary, representada por Maritza Losada Peña por un valor de 12 millones de
pesos. El negocio quedó registrado según factura de venta No. 17037 de 2011.
Los mercados ingresaron al almacén el 16 de diciembre de ese
mismo año, según lo certificó la auxiliar administrativa, Elizabeth
Calderón. El 28 de diciembre se expidió
la orden de pago. El contrato se liquidó el 30 de diciembre, dos días antes de
terminar su mandato.
Año y medio después, el nuevo alcalde Raúl Arturo Ramírez,
reveló que revisada la contratación no existe ninguna documento ni listado
sobre las personas que recibieron las ayudas.
Supuesta entrega
La alcaldesa Tania Peñafiel aseguró que los mercados fueron
entregados el 17 y 18 de diciembre según las actas firmadas, entre otros por
Carlos Castillo e Isaac Mossos, líderes de la Asociación de Pescadores
Artesanales. Además, anexó las firmas de algunos pescadores beneficiados con
los mercados.
La funcionaria aportó un listado de los supuestos
beneficiarios y las actas de entrega, aparentemente rubricadas por los
beneficiarios.
Sin embargo, el alcalde que la sucedió Raúl Arturo Ramírez
Olaya, la desmintió. “Revisados los archivos de la contratación del Municipio
de Villavieja no se encuentra la relación de las personas beneficiarias que
recibieron los mercados entregados por la administración municipal, según
contrato 024 de 2011”, certificó el mandatario.
La otra cara
Los mercados salieron del almacén el 20 de diciembre de 2011
pero nunca fueron entregados a los damnificados, sencillamente porque éstos
nunca aparecieron.
Para demostrar la supuesta entrega, funcionarios de la
administración municipal presentaron dos actas de entrega fechadas el 17 y 18
de diciembre, refrendada además por la Cruz Roja, encargada de la operación.
Sin embargo, el
almacenista certificó que los alimentos perecederos supuestamente destinados
para pescadores artesanales y damnificados salieron dos días después del
almacén. Además, la directora ejecutiva
de la Cruz Roja, Esperanza Ortiz desmintió que la entidad haya realizado esa
entrega.
“Una vez revisado el sistema y nuestro archivo documental,
no se tiene soporte que indique la presencia de la Cruz Roja Colombiana
Seccional del Huila en el mes de diciembre de 2011 en el municipio de
Villavieja”, confirmó en un certificado expedido el primero de agosto de 2019.
Tampoco encontró soportes sobre la entrega en esa fecha de
la ayuda humanitaria a los supuestos beneficiarios.
Sin embargo, confirmó que la entidad, siete meses antes, en
mayo de ese mismo año, realizó la entrega de alimentos en varios municipios del
Huila, entre ellos Villavieja, afectados por la ola invernal.
“Los bienes entregados fueron fruto de las donaciones que se
recibieron por parte de la comunidad y gestionadas directamente por la Cruz
Roja” y no a los adquiridos con los dineros oficiales”, precisó la fuente.
El informe de la entrega realizada en mayo de ese año está
firmado por el director de Socorro, Carlos Adolfo Rodríguez.
“Queda claro que las ayudas entregadas por la Cruz Roja no
corresponden a los elementos de consumo adquiridos por el Municipio de
Villavieja a través del contrato de compraventa 024 de 2011”, confirmó uno de
los funcionarios de la Contraloría que adelanta la investigación.
Los mercados llegaron y salieron del almacén con rumbo
desconocido. Ilustraciones /Archivo
Desmentido
Y por si quedaban dudas, los supuestos beneficiarios
confirmaron que nunca recibieron las ayudas en esa fecha. Diez de los
damnificados ratificaron que los mercados nunca llegaron a su destino como lo
aseguró la mandataria.
Los damnificados revelaron otro dato sorprendente. Las
firmas utilizadas en las actas para confirmar la entrega no corresponden a las
que usualmente utilizan para otras gestiones.
En otros casos, las firmas reales que aparecen en el
documento corresponden no a un acta de entrega de ayudas, sino al listado de
asistencia de una reunión convocada por la Asociación de Pescadores con
Alternativas de Trabajo.
Todos los testigos afirmaron que “nunca recibimos ayuda por
parte de la administración municipal de Villavieja”. Entre ellos figuran Carlos
Eduardo Castillo, Isaac Mossos Yusunguaira, líderes de la agremiación. También
Yesid Medina Muñoz, Reynel Medina Pérez y Duvan Cardozo, miembros de la
agremiación.
La investigación
La investigación fue iniciada el 20 de abril de 2014 y en
febrero de 2015 abrió el proceso de responsabilidad fiscal.
El 10 de julio de 2019 la Contraloría Departamental les
imputó responsabilidad fiscal a la alcaldesa de la época Tania Beatriz
Peñafiel, al supervisor, Bladimir Moreno Vanegas y a la almacenista Elizabeth
Calderón Soto.
Seis años después, el proceso está a punto de fallarse.
“En estas condiciones, el fin propuesto por la
administración no se cumplió, desconociéndose el destino final de los elementos
de consumo adquiridos mediante el contrato de compraventa y los supuestos
beneficiarios nunca los recibieron, lo que generó una pérdida de recursos
públicos”, precisó el investigador.
“En tal sentido, la erogación de recursos públicos
concretizada en el comprobante de egreso No. 2011001651 de fecha 28 de
diciembre de 2011 causó una pérdida en el patrimonio público del Municipio de
Villavieja en cuantía de 12 millones de pesos”, puntualizó.
Las ayudas fueron contratadas directamente, facultada por la
urgencia manifiesta decretada por la alcaldesa de ese momento, Tania Peñafiel
para atender en forma prioritaria a los damnificados por el intenso invierno.
“La Contraloría pudo determinar la configuración de una
presunta responsabilidad fiscal al no existir medio de prueba útil y pertinente
sobre el destino final de los elementos adquiridos a través de ese contrato de
compraventa”, aseguró uno de los investigadores sin dar más detalles.
El organismo le imputó responsabilidad a Bladimir Moreno
Vanegas, quien desempeñó el cargo de jefe de Planeación de la localidad, quien
fungía como supervisor del contrato y le correspondía garantizar la correcta
ejecución.
En estas condiciones, al funcionario le correspondía el
seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del objeto
contractual. La ex mandataria, designada como Secretaria de Cultura del
Huila, sigue vinculada al proceso.
Otros casos críticos
El caso no ha sido el único. El mismo fenómeno ocurrió en
otros municipios, donde se comprobó la desviación de los recursos y el
direccionamiento de la contratación.
Según Colombia Humanitaria, la inversión total destinada
para el Huila en esa época ascendió a 89.956 millones de pesos. Para atender
obras mayores, menores y contención de cuerpos de agua se asignaron recursos
por 32.296 millones de pesos en esa época.
Entre las obras figuran 63 corresponde de reparaciones de
vías; 19 a puentes y pontones; 13 para obras de contención de taludes y 10 para
reforzamiento de jarillones o diques; 10
obras de acueducto y saneamiento y nueve canalizaciones de agua. Además, se
entregaron 5 kits de maquinaria para la remoción de derrumbes.
De las obras programadas para atender los daños en el Huila
solo 82 fueron ejecutadas totalmente. El 70% fueron ejecutadas con
observaciones y el 9% registraban estado crítico. Hasta el 15 de julio de 2012,
según Colombia Humanitaria, doce obras en el Huila estaban en estado crítico,
es decir, que los plazos se vencieron y las obras no fueron ejecutadas. Entre
ellas aparecen en Garzón, Acevedo, Algeciras, El Pital y Santa María. Otras
tres fueron abandonadas por los contratistas en los municipios de Colombia,
Paicol y Villavieja. Otras dos quedaron a medias en Suaza y El Agrado y
requerían adiciones presupuestales.
Los recursos ejecutados a través de convenios con entidades
nacionales ascendieron a 33.541 millones de los cuáles se ejecutaron 19.582
millones de pesos (el 25.30%).
De los 25.1799 millones de pesos destinados por el
Ministerio de Educación para reparación de infraestructura escolar sólo se
ejecutaron 2.250 millones (el 12%).
Igual ocurrió con los recursos destinados por el Ministerio de Medio
Ambiente. Solo fueron ejecutados 3.150 millones (el 18%) de los 10.500 millones destinados. Para mantenimiento de vías estados solo
fueron ejecutados 1.364 de los 3.199 millones apropiados.
La ayuda humanitaria (entrega de mercados y kits de aseo)
beneficiaron a 1.697 familias en 20 municipios del Huila con un costo de 597
millones de pesos a cargo de la Cruz Roja.
La fuerte creciente ocasionó en Villavieja, la fractura del
puente en el cruce hacia la región de Potosí y daños en cultivos e
infraestructura.