UBCH TV.
EL COLOMBIANO
UBCH TV. 12-02-2020. Argumentando defensa de la seguridad
ciudadana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, autorizó desde ayer a que
en casos de uso de explosivos (papas bomba, molotov y similares), la fuerza
pública ingrese a los campus de las universidades.
“Ese protocolo incluye un período de evacuación
administrativa que hace la universidad, luego un llamado nuestro y luego
entrará a intervenir un equipo de control, con Personería y todos, pero además
un equipo antiexplosivos”, dijo.
Agregó que, de ser necesaria la entrada del Escuadrón Móvil
Antidisturbios, Esmad, también se hará efectiva.
El mandatario explicó que antes de hacer pública su decisión
se la comunicó a los rectores, y aclaró que lo hizo amparado en sus facultades
de primera autoridad.
“Las universidades no se pueden convertir en trincheras
desde las que se lanzan explosivos (...) hace una semana tuve que intervenir
porque en el ITM estaban lanzando algunos y casi les caen en la cabeza a unos
ciudadanos”, añadió.
Preocupación general
Ante la decisión, el vicerrector de la Universidad Nacional
sede Medellín, Juan Camilo Restrepo, se mostró preocupado por los alcances de
la medida. “Eso sería trasladar escenarios de violencia exterior a los campus,
donde hay comunidades vulnerables. En la universidad diariamente circulan entre
16.000 y 18.000 personas y en los enfrentamientos nunca hay más de 100
personas, que ni siquiera sabemos si son estudiantes”, dijo.
La percepción de que son más los que protestan de manera
pacífica es compartida por el alcalde, o al menos eso es lo que se concluye de
la carta con la que anunció su decisión, donde se lee: “Reconozco que la
mayoría de los manifestantes han ejercido su derecho de forma pacífica. Creo
además en el poder de la autorregulación y la resistencia no violenta. Es por
eso que hago un llamado (...) a rechazar el uso de explosivos al interior de
las universidades y centros educativos”.
Restrepo consideró que se podría poner en riesgo a toda la
comunidad, además de los proyectos de investigación y extensión. “Si hay una
orden de evacuación y entra el Esmad, ¿qué pasa con esos experimentos de, por
ejemplo, bacterias que requieren vigilancia completa?, ¿quién dijo que eso no
genera radicalización mayor? Eso contribuye a la estigmatización de los
estudiantes”, añadió.
Libardo Álvarez Lopera, rector del Politécnico Jaime Isaza
Cadavid, lanzó una convocatoria a los rectores de las universidades públicas
para asumir una posición colectiva. “El alcalde es el responsable del orden
público y entiendo que habla de un estado de excepción. La educación es una
sola y las medidas deben ser orientadas a la protección de todos”, declaró.
Álvarez les pidió a los estudiantes del “Poli” que tomen
acciones contra quienes están cometiendo actos vandálicos, para que no sea la
fuerza pública la que intervenga.
Restrepo, entre tanto, señaló que en su universidad y en
otras, como la de Antioquia, ya se han adelantado acciones de rechazo contra
los que toman vías de hecho.
Juan Guillermo Pérez, rector del ITM, dijo que la decisión
de que ingrese la fuerza pública a los campus debe tomarse sobre la base de un
protocolo consensuado con las universidades. “En el comunicado del alcalde se
mencionan algunos elementos, pero creo que se debe complementar con la
experiencia de las instituciones”, pidió.
EL COLOMBIANO conoció que ayer el Consejo Superior de la
Universidad de Antioquia se reunió con el gobernador Aníbal Gaviria para
discutir las nuevas medidas, pero al cierre de esta edición ni el mandatario ni
el rector se habían pronunciado.
Lupa a posibles excesos
La socióloga Astrid Torres, integrante de la Corporación
Jurídica Libertad, rechazó la decisión del alcalde, pues dijo que las medidas
de represión por encima del diálogo “solo se ven en los regímenes
autoritarios”.
Torres señaló que desde 2013 la comunidad universitaria ha
dado muestras de buena voluntad y creatividad para resolver los conflictos y
que son precisamente esos elementos los que Quintero debe usar para evitar
posibles abusos de la Fuerza Pública.
Algunas de esas supuestas irregularidades fueron expuestas
ayer en la plenaria del Concejo de Medellín.
Según la corporación, durante las protestas de noviembre y
diciembre del año pasado se documentaron 114 detenciones arbitrarias, ocho
heridos, un mutilado y varios casos de tortura psicológica y violencia de
género.
“Las organizaciones sociales estamos haciendo un llamado al
alcalde para que reconsidere, pues es fundamental construir un protocolo de
atención a la protesta social que no se quede en la represión o
criminalización”.
En esa sesión el comandante de la Policía Metropolitana,
general Eliécer Camacho, señaló que el Esmad está para evitar disturbios y no
para actuar contra la protesta. “Tenemos obligaciones y podemos ser
investigados si no las cumplimos. Y debemos proteger el derecho a la protesta
de quienes marchan, pero también el derecho a movilizarse o estudiar de quienes
no lo hacen”.
En el mismo sentido, la concejala Dora Saldarriaga, del
movimiento Estamos Listas, sostuvo que medidas extremas como esta solo deben
ser consideradas como un último recurso y que es necesario revisar los
protocolos de seguridad de la ciudad y su articulación a la luz de los derechos
de las mujeres. “Esa medida requiere mucho más debate”, concluyó .
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