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JORNADA
UBCH TV. 05-11-2019. Los conflictos por la posesión de la tierra, la pobreza y la presencia de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), de disidencias de las FARC y de bandas de narcotraficantes hacen del departamento colombiano del Cauca una caldera en ebullición que parece salir del control del Estado.
En el Cauca se libra desde hace décadas una lucha por el
control de la tierra que tiene bajo el fuego cruzado a las comunidades
indígenas de la zona, siete de cuyos integrantes fueron asesinados en la última
semana en distintos hechos, a los que hay que sumar cuatro personas que
perdieron la vida cuando hacían un levantamiento topográfico y un escolta de la
Unidad Nacional de Protección (UNP).
El Gobierno atribuye esos crímenes a disidentes de las FARC
que han crecido en fuerza y número desde la firma del acuerdo de paz de
noviembre de 2016 y que actúan movidos por el negocio del narcotráfico, sin
ningún trasfondo ideológico.
Sin paz y con pobreza
En un estudio de 2015 el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) ya advertía que «el Cauca tiene una importancia
estratégica para la paz, tanto en el proceso hacia la terminación definitiva
del conflicto como en la puesta en marcha de los pactos y compromisos, en la
transición, construcción y consolidación de una sociedad en paz».
Al mismo tiempo señalaba que el Cauca es junto con el Chocó,
departamento que también tiene costa sobre el océano Pacífico, «el más pobre
del país» y «al mismo tiempo, el de mayor desigualdad en ingresos y calidad de
vida», con una incidencia de pobreza del 62 %».
Esas condiciones socioeconómicas poco o nada han cambiado y
el Cauca sigue siendo el campo donde se pone a prueba el acuerdo de paz,
experimento en el que, a juzgar por los recientes acontecimientos, el Estado y
la sociedad van fracasando.
Ejes de la violencia
En el desangre confluyen las disputas de tierras, el
conflicto armado, la violencia sociopolítica, los cultivos ilícitos, la minería
ilegal y la ausencia de un Estado fuerte que garantice gobernabilidad,
coinciden expertos consultados.
La ola de asesinatos de indígenas y de líderes sociales que
hacen del Cauca la región más peligrosa para quienes defienden los derechos de
la gente muestran que el Estado no controla partes del territorio.
«Después de los acuerdos (de paz) volvemos a un contexto de
guerra muy terrible para esas poblaciones indígenas porque de nuevo se les
niegan los derechos que tienen a la autonomía», dijo a Efe Bastien Bosa, doctor
en ciencias sociales y profesor de la Universidad del Rosario, de Bogotá.
Por su parte Germán Cortes, investigador de la Universidad
Piloto de Colombia, señala que a los viejos conflictos entre terratenientes
indígenas y comunidades negras se suma el factor desestabilizador del
narcotráfico que se ha fortalecido en el Cauca por ser un territorio no solo de
cultivos ilícitos sino estratégico para las rutas de la droga por el Pacífico.
«Ahora existen organizaciones de narcotráfico que vienen de
otros países que están aprovechando el territorio y las comunidades indígenas
están en medio del conflicto», explica Cortés en referencia a los carteles de
la droga mexicanos.
De hecho, la pugna por la tierra y su control están marcadas
por el interés de extender la siembra de marihuana y coca, dice.
Indígenas en la mira
Las víctimas de la orgía de sangre de los últimos días en el
norte del Cauca, que tiene como epicentro el municipio de Toribío y en especial
la zona de Tacueyó, eran en su mayoría miembros de la Guardia Indígena, una
organización autónoma que está pagando la cuota más alta por oponerse a los
violentos.
Esto muestra un cambio en la dinámica del conflicto ya que
antes los grupos armados ilegales tenían un mayor respeto por la Guardia
Indígena pero ahora atacan a sus integrantes como si fueran un actor más del
conflicto.
«La Guardia Indígena era prácticamente intocable al punto de
que se respetaba por las otras partes: el Ejército, los grupos armados ilegales
(…) y servía para minimizar los conflictos», apostilla Cortés.
No a la militarización
Luego de las matanzas de la semana pasada, la de los cinco
indígenas en Tacueyó y los cuatro topógrafos en Corinto, el presidente Iván
Duque ordenó el envío al Cauca de un refuerzo de 2.500 militares para combatir
las disidencias de las FARC, al ELN, y a las bandas de narcotraficantes.
Pero la respuesta del Gobierno está lejos de ser la solución
que se requiere ya que organismos internacionales y organizaciones sociales
coinciden en que la salida no debe ser la militarización de ese departamento.
Así lo manifestó el pasado viernes en Ginebra la Oficina de
la ONU para los Derechos Humanos, que urgió a las autoridades a «que rompan el
ciclo de impunidad relacionado con amenazas, acoso y asesinatos que tienen como
blanco a pueblos indígenas».
También la red Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
(CCEEU), conformada por 281 organizaciones de derechos humanos, rechazó hoy ese
refuerzo porque considera que, pese a que el Cauca es «uno de los departamentos
más militarizados», los grupos ilegales «expanden sus negocios ilegales con
plena libertad ante los ojos de las Fuerzas Militares».
Al respecto, Bosa subraya que lo que debe primar es un
compromiso «muy claro por parte del Estado de cero tolerancia frente a la
presencia de actores armados, frente al narcotráfico», pero la impresión que se
tiene es que más allá del discurso oficial, el Gobierno está ante un conflicto
que no sabe cómo manejar.
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