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UBCH TV.
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UBCH TV. 18-12-2019. Al cumplirse hoy dos meses del estallido social, para la
mayoría de los chilenos están lejos las respuestas efectivas a los cambios
profundos que reclaman y solo aprecian medidas insuficientes y políticas
represivas del gobierno.
Las protestas, cuyo detonante fue un aumento en los pasajes
del Metro, se multiplicaron de forma explosiva, con millones de personas
reclamando aumentos de salarios y pensiones, mejoras en la salud y la educación
públicas y muchas más, y en general un cambio radical al modelo neoliberal
imperante.
La respuesta del gobierno ha sido una denominada agenda
social que hasta el momento solo ha ofrecido algunas mejoras en los salarios
más bajos y las pensiones, a mediano plazo, que se quedan muy por debajo de lo
que exige el movimiento social, aglutinado en la Mesa de Unidad Social.
Un solo ejemplo: mientras el ejecutivo ha anunciado un aumento
lento y paulatino de salarios hasta unos 300 mil pesos, para el movimiento
sindical el mínimo posible para sacar a la mayoría de las familias de la
pobreza y el endeudamiento es de 500 mil pesos (unos 650 dólares al cambo
actual).
No pocos analistas consideran que esas medidas
insuficientes, calificadas por muchos como limosnas, solo persiguen calmar el
ambiente y ganar tiempo en busca de que el movimiento social pierda fuerza por
tantos días de movilizaciones, aunque también conducen a mantener e incluso
aumentar el descontento social.
Por ello, para los partidos de oposición y el movimiento
popular, tales soluciones solo evidencian la ceguera del gobierno, que no
parece aquilatar la real dimensión de la crisis social y política.
Al mismo tiempo, el presidente Sebastián Piñera lanzó una
‘agenda de seguridad’ encaminada a fortalecer el aparato policial y tramitar
con urgencia proyectos de leyes contra los encapuchados, los saqueos y las
barricadas que son rechazadas por amplios sectores que acusan al ejecutivo de
criminalizar las manifestaciones pacíficas.
Prueba de la violencia policial en estos dos meses son las
detenciones muchas veces arbitrarias de miles de personas, incluyendo menores
de edad, más de tres mil heridos, entre ellos más de 350 con serias lesiones
oculares, torturas, golpizas y hasta agresiones sexuales.
Tal situación puso a Chile en la mira de entidades
internacionales incluida la Oficina del Alto comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, que han denunciado graves y reiteradas violaciones y exigido
al gobierno detener esos hechos, mientras que las evasivas y justificaciones
han sido las respuestas desde el palacio de La Moneda.
En tanto, ha ido ganando espacio el reclamo de una nueva
constitución, para lo cual la mayoría de la población reclama una asamblea
constituyente, mientras que desde el gobierno, que aceptó a regañadientes
avanzar en esa dirección, se busca también acomodar ese proceso a sus intereses.
Incluso, los partidos de derecha de la coalición
oficialista, no ocultan mucho sus esfuerzos por salvar de alguna forma la
actual carta magna, impuesta en época de la dictadura de Augusto Pinochet, y
que fundamenta el repudiado modelo neoliberal.
Ello, en medio de una economía que ya venía mostrando
síntomas de debilidad por factores externos e internos, y que el estallido
social ha agudizado, mientras que el presidente Sebastián Piñera y su ejecutivo
no logran remontar un bajísimo respaldo popular que a duras penas alcanza el 13
por ciento.
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