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UBCH TV.
LA NACIÓN
UBCH TV. 27-10-2019. Extraño paisaje en el barrio. Las elecciones argentinas de
hoy se realizarán en un contexto latinoamericano de hartazgo social con las
élites políticas. La insatisfacción de vastos sectores sociales tiene que ver,
como ya se ha dicho repetidas veces, con la desigualdad en el acceso al
bienestar. Sin embargo, se puso poco énfasis en el fenómeno de la corrupción,
que, al igual que la desigualdad social, mancha la región latinoamericana desde
México hasta Tierra del Fuego.
Esa mezcla de injusticia (en la que se combinan, en algunos
casos, ingresos magros y segregación social) con la corrupción de sus
dirigentes políticos construye forzosamente un volcán siempre a punto de
estallar. Por eso, los gobiernos recientemente elegidos tienen solo una breve
luna de miel con sus sociedades, ya sean nuevos o reelegidos. La desigualdad,
la ostentación de riqueza y la corrupción son elementos constantes en una
América Latina con más problemas que soluciones.
Si los meteorólogos electorales acertaran, el eventual
gobierno de Alberto Fernández deberá enfrentar el mismo desafío, que consiste
en lidiar con una sociedad que ya perdió la paciencia. Aunque nadie lo denunció
a él nunca por ningún hecho de corrupción, también es cierto que algunos de sus
socios electorales han sido seriamente investigados por deshonestidad en el
manejo del dinero público. Un capítulo nuevo se escribió la semana que terminó
en la causa de los cuadernos (la más grave descripción de corrupción en tiempos
del kirchnerismo) cuando las fotocopias de los cuadernos fueron reemplazadas
por los originales de los cuadernos. La suspicacia política se pregunta por qué
aparecieron misteriosamente esos cuadernos cuatro días antes de las elecciones.
Tales recelos tienen sus argumentos, si bien se escucha el relato del
periodista Diego Cabot, autor de la primera investigación y de la primicia,
sobre cómo fueron la llamada anónima y la reunión de 30 segundos con la persona
desconocida que le entregó los cuadernos originales.
Suspicacias puede haber,
pero efectos electorales no habrá. La noticia da cuenta de una precisión
importante para la Justicia, pero el escándalo mayor sucedió hace más de un año
cuando empresarios y exfuncionarios se sentaron ante el juez para declarar que
lo que decían los cuadernos era cierto. Y, a pesar de todo, la sociedad votó
como votó el 11 de agosto. ¿Hubiera sacado Cristina Kirchner los mismos votos
que Alberto Fernández en las primarias? El mérito político de la expresidenta
consistió en haber percibido que su figura estaba demasiado desgastada como
para atraer a los sectores medios críticos o desencantados de Macri. Es
improbable que ella cosechara la misma cantidad de votos que Fernández, porque
tampoco podía abroquelar al panperonismo en una sola propuesta.
Sin embargo, las denuncias de corrupción no son una
excepción argentina. Si miramos el país más sometido en los últimos días a la
protesta de numerosos sectores sociales, Chile, las denuncias de corrupción
vienen desde Pinochet. Pinochet dejó de ser Pinochet como figura política
influyente, aun después de dejar la presidencia, cuando se conoció que tenía 21
millones de dólares injustificables en el Riggs Bank de los Estados Unidos. La
segunda presidencia de Michelle Bachellet, la grande dame de la izquierda
latinoamericana, entró en decadencia cuando se acusó a su hijo, Sebastián
Dávalos, de tráfico de influencias para beneficiar negocios de la empresa de su
esposa. Dávalos debió abandonar el gobierno de su madre, del que era
funcionario no ejecutivo. Al presidente actual, Sebastián Piñera, se lo acusó
de usar información privilegiada en beneficio de sus negocios y de conflicto de
intereses en su doble condición de presidente y poderoso empresario.
En Perú no solo están presos todos los ex presidentes por
haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Están también en la
cárcel las dos figuras que compitieron cuerpo a cuerpo por el poder en las
últimas elecciones presidenciales, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori,
ambos en prisión preventiva e investigados por haber recibido sobornos de la
compañía brasileña.
Es decir: Perú no se hubiera salvado de la renuncia del
presidente por corrupción en cualquier caso. Le tocó a Kuczynski, actualmente
en prisión domiciliaria por su edad. En Brasil, el proceso llamado Lava Jato
decapitó a la dirigencia política. Funcionarios, políticos, legisladores y
empresarios fueron cayendo en manos de la Justicia y casi todos están presos.
Antes del Lava Jato, en el gobierno de Lula da Silva, el caso Mensalão (importantes
sobornos mensuales a legisladores de varios partidos para que aprobaran las
leyes del gobierno) metió en la cárcel a tres ministros y a varios diputados.
Ese largo proceso de corrupción (y el desencanto de la creciente clase media
por la desaceleración económica) concluyó con la elección de Jair Bolsonaro, un
político antisistema que reivindica posiciones obsoletas. Es cierto, por lo
demás, que el exjuez Sergio Moro no debió ser nunca ministro de Justicia de
Bolsonaro. Moro fue el juez que puso entre rejas a Lula, el único político que
podía derrotar a Bolsonaro. Lula no pudo participar de la elección
presidencial.
En México, el actual presidente López Obrador no tuvo
todavía ninguna denuncia de corrupción, pero acaba de conocerse que el abogado
de su antecesor, Enrique Peña Nieto, intentó ocultar 80 millones de dólares en
un banco de Andorra. Poco tiempo después de asumir, Peña Nieto se vio envuelto
en un escándalo de supuesta corrupción cuando se conoció la imponente mansión
de su esposa, construida por una empresa contratista del Estado. México tiene
una larga historia de desigualdad social y de corrupción de su dirigencia
política, que fue incluso llevada a la aparente ficción en series de Netflix.
Hace 15 días, la Justicia ecuatoriana dictó una orden de prisión contra el
expresidente de ese país Rafael Correa por el cobro de sobornos. Ya tenía otra
orden de prisión por el secuestro de un diputado de la oposición. Correa vive
exiliado en Bélgica. El caso de Venezuela es más grave, porque complica a gran
parte de la nomenclatura chavista con el narcotráfico, incluidos los jerarcas
militares. De ahí no se vuelve.
La corrupción derrumbó las carreras políticas de presidentes
y líderes progresistas y también de centro derecha en América Latina.
Sucedió lo
mismo en la Argentina. Esas denuncias acorralaron a los gobiernos de los
Kirchner, auto definidos como progresistas, pero también al de Carlos Menem, el
presidente de la democracia argentina que más se colocó a la derecha del arco
ideológico. Los gobiernos democráticos de Chile lograron terminar virtualmente
con la pobreza, pero no pudieron hacer nada con la desigualdad social. En la
Argentina, la democracia se portó peor: un tercio de la población está por
debajo de la línea de la pobreza desde 2001. Sectores que eran de clase media
se convirtieron en pobres en las sucesivas crisis de la economía argentina.
La corrupción y la desigualdad social no tienen ideologías.
Por eso, culpar al "neoliberalismo" de ambas cosas es solo un
prejuicio.
¿Qué es el neoliberalismo? ¿Acaso conservar el superávit de las
cuentas públicas y el comercial? Pero ¿no eran esas conquistas de las que se
ufanaban Néstor Kirchner y su entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández? ¿Es
crear las condiciones para que las empresas inviertan, tanto las nacionales
como las extranjeras? Si no fueran las empresas las que se hacen cargo de las
inversiones necesarias para crecer, ¿quién lo hará? ¿Acaso un Estado quebrado,
como es el Estado argentino actual? Sin Estado y sin empresas, ¿quién hará crecer
al país?
No es la política económica la que determina la desigualdad
ni la presencia de la corrupción. Es la impotencia de los dirigentes políticos
(y su escasa o nula sensibilidad moral) la que impulsa esos dos flagelos. Otros
países aplican políticas económicas realistas y, no obstante, tienen sociedades
más conformes con la distribución del bienestar y con la honestidad de sus
líderes. Progresismo o liberalismo pueden hacer desastres si son mal
administrados.
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