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UBCH TV. 25-09-2019. Siete décadas
después del surgimiento del TIAR, la decisión de la Organización de Estados
Americanos (OEA) de resucitar un mecanismo obsoleto constituye un peligro para
Latinoamérica, en tanto ese instrumento ha sido invocado históricamente para
legitimar intervenciones militares.
El Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como Tratado de
Río, fue impuesto al continente por Estados Unidos en 1947, poco después de
concluir la II Guerra Mundial, y en el contexto de la Guerra Fría contra la
Unión Soviética.
Según la letra de
ese pacto, un ataque armado a un Estado americano sería considerado como una
agresión contra todos los países de la región y, en consecuencia, cada una de
las partes contratantes se comprometía a hacerle frente en ejercicio del derecho
de legítima defensa individual o colectiva reconocida en el artículo 51 de la
Carta de la ONU.
Pero en la
práctica el TIAR jamás funcionó como instrumento de defensa, sino todo lo
contrario, más bien fue un mecanismo para avalar golpes de Estado e intervenciones
militares en Latinoamérica por razones ideológicas.
Así sucedió, por
ejemplo, cuando en 1954 Guatemala fue invadida por mercenarios organizados por
la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, que provocaron el
derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz.
El TIAR y la
Organización de Estados Americanos legitimaron la invasión mercenaria contra
Cuba por Playa Girón en 1961; así como las intervenciones militares
norteamericanas contra República Dominicana (1965), Granada (1983) y Panamá
(1989).
La OEA no se
conmovió con los asesinatos, torturas y desapariciones de miles de opositores
durante la época de las dictaduras, ni cuando el golpe de estado en Chile en
1973 contra el gobierno de Salvador Allende.
En teoría el
tratado interamericano planteaba que en caso de que una nación fuera amenazada
por una potencia extracontinental se analizarían las medidas para protegerlo.
Sin embargo, durante la intervención británica de las Islas Malvinas en 1982,
Estados Unidos se puso del lado de Reino Unido.
Cuando todavía
están frescos en la memoria muchos de aquellos acontecimientos, países miembros
de la OEA se sumaron a Estados Unidos en la cruzada para activar el TIAR contra
Venezuela, bajo el pretexto de que ‘la crisis venezolana es una amenaza a la
paz y la seguridad regional’.
Varios gobiernos,
no sólo de América Latina, sino también de otras partes del mundo, expresaron
su preocupación por las consecuencias que puede traer para la región el intento
de resucitar un mecanismo que contempla el uso de la fuerza militar.
Invocar el TIAR
por Venezuela es una amenaza también para cualquier otra nación en América
Latina, alertó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, cuyo país se retiró de
ese pacto desde 2002.
Cuba, por su
parte, advirtió que se trata de un deliberado intento por provocar una
situación que pudiera desencadenar en el uso de la fuerza para derrocar al
gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, en oposición abierta a los
principios del Derecho Internacional y la Proclama de América Latina y el
Caribe como Zona de Paz.
En Rusia, la
portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, consideró que la
activación del TIAR contra Venezuela podría entrañar consecuencias graves para
la seguridad regional y la estabilidad de América del Sur.
Tras considerar
que la decisión sienta un precedente gravísimo en materia de derecho
internacional, Uruguay anunció su retiro de ese mecanismo. ‘Nos salimos del
Tratado por obsoleto, inconducente, por uso inapropiado del mismo’, afirmó el
canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, y añadió que su país no comparte el que
se pueda estudiar una intervención en Venezuela.
¿POR QUÉ
VENEZUELA ABANDONÓ EL TIAR EN 2012?
Venezuela ingresó
al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1948, un año después de
que ese pacto militar fuera instituido el 2 de septiembre de 1947 en Río de
Janeiro.
En 2012, durante
una asamblea de la OEA, el presidente Hugo Chávez anunció el retiro de su país
de ese instrumento, posición seguida por otros miembros de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre ellos Bolivia,
Ecuador y Nicaragua.
‘Nuestros países
han tomado la decisión de enterrar lo que merece ser enterrado, de tirar al
tacho de la basura lo que ya no sirve’, dijo en aquella ocasión el entonces
canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. Siete años después, la Asamblea Nacional
en desacato de Venezuela, presidida por el autoproclamado presidente Juan
Guaidó, aprobó reincorporar el país al TIAR, decisión declarada nula por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que calificó ese
hecho como ‘un asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos del
Estado’.
Recordó el TSJ
que Venezuela formalizó su salida de la OEA el 27 de abril de 2019 y que, según
el artículo 236 de la Constitución, todos los tratados, convenios o acuerdos
internacionales deben ser ratificados por el presidente de la República, en
este caso Nicolás Maduro.
¿QUÉ SE PRETENDE
CON LA REACTIVACIÓN DEL TIAR?
Para el
periodista e investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Javier
Tolcachier, el objetivo es abrir la puerta a una escalada bélica contra
Venezuela, presentando como excusa algún ataque de falsa bandera en la frontera
con Colombia o alguna escaramuza provocada por mercenarios o paramilitares.
De acuerdo con el
analista la estrategia agresora tiene el mismo propósito intentado
anteriormente por otros métodos: desatar una guerra civil y establecer un
gobierno fantasma en alguna porción territorial venezolana.
De verificarse un
escenario de tales características, las consecuencias para ambos pueblos y la
región entera serían devastadoras, opina Tolcachier, y añade que nada hace
imaginar una guerra relámpago, mucho menos un golpe de mano incruento, sino un
conflicto prolongado que tendría severas implicaciones internacionales.
El experto en
comunicación política Arlenin Aguillón coincide en que con el aval del TIAR se
trabaja para construir un incidente que justifique una acción militar.
Consciente de la
amenaza del uso de la fuerza para intentar derrocar al gobierno legítimo, el
ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, advirtió que un desenlace
de esa naturaleza tendría nefastas consecuencias para toda Sudamérica, erigida
en la última década como una zona de paz, convirtiéndola contrariamente en una
zona de guerra’.
La Fuerza Armada
Nacional Bolivariana reiteró su vocación pacifista, pero al propio tiempo
ratificó su carácter antiimperialista y su inquebrantable resolución de
defender la soberanía e independencia, hasta perder la vida si es necesario.
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